Republicanos comienzan a pagar por su extremismo

Cuidado que anda de malas. El legislador republicano de Arizona Russell Pierce podría ser destituido de su cargo por el electorado.

En ocasiones, pudiera parecer que el extremismo es la nueva norma política.

Por lo menos así debe sentirse si eres un indocumentado que ha visto cómo en los últimos años se han aprobado algunas de las medidas antiinmigrantes más severas y hasta discriminatorias. O si has visto cómo los políticos llegan o se mantienen en el poder gracias a sus posturas extremas.

Pero recientemente hemos visto cómo incluso el extremismo tiene sus límites.

Quizá el ejemplo más claro es una campaña orgánica que busca destituir al presidente del Senado de Arizona, Russell Pearce, el hombre detrás de gran parte de las políticas antiinmigrantes de ese estado. Resulta que los residentes de su distrito, una de las áreas más republicanas y conservadoras del estado, han reunido unas 18 mil firmas, más del doble de lo que necesitaban, para llevar a cabo una elección para destituirlo. Las 18 mil firmas representan más votos de los que Pearce obtuvo en su más reciente reelección.

Su destitución sería histórica ya que sería la primera vez en la historia del país que el presidente de un senado estatal sea quitado de su puesto. La campaña ha sido una sorpresa y una amenaza tan grande para la gente de extrema derecha que incluso sus partidistas, incluyendo el congresista Tom Tancredo, un emblema del movimiento antiinmigrante nacional, están prácticamente rogando por fondos para mantener a Pearce en el poder.

Este individuo personaliza el extremismo político.

Pearce es la persona detrás de la ley SB1070, que busca otorgar poderes especiales a la policía para detener a las personas que se sospecha que están en el país ilegalmente. Se espera que la Suprema Corte de los Estados Unidos emita próximamente un fallo sobre la constitucionalidad de esta ley.

Su ley más exitosa contra indocumentados fue una ley que aprobó el estado en 2007, y que fue ratificada recientemente por la Suprema Corte, que revoca las licencias de los negocios que contratan a personas sin documentos y que además obliga al sector privado a utilizar un programa federal que verifica el estatus legal de sus empleados nuevos.

Pero además ha intentado todo lo que ha podido contra la comunidad inmigrante, incluyendo la prohibición de clases de estudios chicanos en las escuelas así como la eliminación de servicios de emergencia médica para los indocumentados, entre otros.

Su derrota sin duda sería un golpe duro no sólo para el movimiento antiinmigrante, sino para el extremismo en general. Pero incluso antes de esta campaña contra Pearce, han empezado a aparecer señales de que el electorado está cansado de tanta postura extrema.

El mes pasado, en un rincón conservador del norte del estado de Nueva York, el electorado eligió sorprendentemente a una demócrata a la Cámara de Representantes en respuesta en gran parte a la propuesta de los republicanos de transformar Medicare, el programa público de salud médica para mayores de edad y personas de bajos recursos.

Es una propuesta que parece haber cambiado el ámbito político debido a su extremismo y el hecho de que poco tiene que ver con los problemas inmediatos que enfrentan millones de estadounidenses, como la falta de empleo.

La propuesta republicana de aumentar los costos para los beneficiarios y al mismo tiempo reducir los beneficios para pagar la deuda federal obedece a su recalcitrante ideología extrema de individualismo absoluto y no intervención gubernamental.

Poco parece importarles a los republicanos que millones de personas siguen sin trabajo (incluso han intentado, con resultados mixtos, eliminar los beneficios de desempleo que ofrece el gobierno). Los republicanos de extrema derecha han decidido aprovechar el descontento social para enfocarse en temas abstractos e ideológicos como la deuda federal, un problema grave, sin duda, pero que en el mejor de los casos tardaría décadas en resolverse.

El extremismo político tendrá su día de juicio en las elecciones de 2012, cuando el electorado decida cuáles son las prioridades del país.

Por el momento Pearce no estará creando nuevas leyes antiinmigrantes, una táctica que le funcionó de maravilla durante su ascenso a la presidencia del Senado de Arizona. Él estará demasiado ocupado luchando por su vida política.

Fiorina chantajea a los latinos para que voten por ella

Por Hiram Soto

Si vives en California, quizá te tocó ver un gigantesco autobús de color rojo y azul con la foto de una sonriente familia hispana abrazándose y con un mensaje a un lado que decía: «Vota tus valores. Vota Fiorina”.

Fiorina es Carly Fiorina, la republicana que busca desbancar a la senadora Barbara Boxer el 2 de noviembre en una de las contiendas políticas más llamativas del país.

Para ayudarla a lograr su objetivo, sus partidarios despacharon un autobús publicitario a 42 ciudades del estado para convencer a los latinos de que Fiorina comparte sus valores.

El voto latino es fundamental para que esta candidata conservadora logre convertirse en la siguiente senadora de un estado como California, donde los demócratas dominan el ámbito político desde hace más de 15 años en parte porque los republicanos espantaron a los latinos con la fallida Proposición 187, un efecto que continúa hasta hoy.

De hecho, hablar de inmigración ilegal no es un tema sencillo para un republicano, y especialmente para alguien como Fiorina. La ex ejecutiva de Hewlett Packard ha sido muy clara con sus seguidores: apoyó sin titubeos la ley de Arizona SB1070 y se opone a la legalización de indocumentados, tema que llegaría a sus manos si es elegida senadora.

Pero ésta no es la conversación que está teniendo con los latinos.

Sus partidarios prefieren cambiar de tema y hablar sobre los supuestos valores que comparte con la comunidad latina, como su oposición a que la mujer decida si desea abortar y al matrimonio entre homosexuales.

Son temas controversiales dignos de una conversación seria y profunda. Lamentablemente, el propósito de esta campaña de valores no es avanzar productivamente la discusión sobre esos temas. Su objetivo es chantajear a las personas para que voten por ella.

Es como decirle a un cristiano: si no votas por mí entonces apoyas el aborto y el matrimonio entre homosexuales.

Engañar o manipular quizá sea un valor que practican ciertos políticos, pero no es un valor familiar, ni cristiano.

Lo que sí está claro es que su estrategia está teniendo poco impacto, por lo menos entre los latinos.

Una encuesta realizada por el periódico Los Angeles Times y la universidad UCS reveló que Boxer lidera por casi 40 puntos entre votantes hispanos. Sin embargo, las encuestas del electorado en general muestran que la contienda está más cerrada, Boxer lidera sobre Fiorina por sólo cinco o seis puntos.

Candidatos republicanos como Fiorina y Meg Whitman, la candidata a gobernadora, no esperan ganar el voto latino en California. Su esperanza es obtener lo mínimo para ganar, que equivale al 30 o 35 por ciento del voto hispano.

Calculan que pueden lograr el triunfo con la gran motivación de los votantes conservadores, la desilusión de los demócratas ante la situación económica, el deseo de un cambio por parte de los independientes y, por supuesto, con que los latinos que salgan a votar.

De convertirse en senadora, Fiorina buscaría avanzar las prioridades conservadoras del partido republicano, que en términos económicos, se resume en dos cosas: cortar impuestos y reducir el déficit federal, incluyendo el tamaño del gobierno.

En ninguna parte de su lista de prioridades aparecen los valores que comparte con los hispanos, probablemente porque hay poco que podría hacer al respecto como senadora de California.

La constitucionalidad del matrimonio entre homosexuales en California está en los juzgados. La legalidad del aborto es un caso cerrado por la Corte Suprema de Justicia desde hace varias décadas, pero políticos conservadores frecuentemente dicen que quieren cambiarlo.

Si en realidad quisiera hablar sobre los valores de los latinos, por qué la candidata se rehúsa a decir qué haría con los 12 millones de indocumentados en el país que forman parte de nuestra comunidad, que trabajan, pagan impuestos, tienen hijos estadounidenses y en cualquier momento podrían ser deportados y separados de su familia.

Si hablamos de valores, la unión familiar sería lo primero en la lista.

Los demócratas juegan con los sueños de otros

Por Hiram Soto

Víctor González es un estudiante indocumentado de la Universidad Estatal de San Diego que se encuentra en su tercer año de la carrera de trabajador social, una de esas profesiones nobles que pagan poco y que existen principalmente para ayudar a las personas necesitadas y de bajos recursos.

Conforme se aproxima su fecha de graduación, González sabe que difícilmente encontrará trabajo si no tiene papeles migratorios, algo que lo obliga a preguntarse a sí mismo: ¿vale la pena ir a la universidad? Es una pregunta que no debería hacerse persona alguna, con o sin papeles.

Para cuando leas esto probablemente se conocerá el desenlace del más reciente intento por parte de los demócratas de aprobar la propuesta de ley Dream Act, que rectificaría la situación migratoria de indocumentados que llegaron al país como menores de edad, como González, que tenía 11 años cuando sus padres lo trajeron de Michoacán.

Ojalá lo logren, porque sino, quedará en evidencia las verdaderas intenciones de los demócratas: fingir intentar aprobar esta propuesta para así tachar a los republicanos de antilatinos a menos de dos meses de las elecciones de noviembre, en donde corren el riesgo de perder el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

González lo sospecha, lo huele. Lo ha visto antes.

“Los demócratas están jugando a la política para conservar el voto latino”, dijo. “Han estado haciendo esto por mucho tiempo, y por eso ya no les creo”.

Su escepticismo está bien fundado.

Los demócratas, encabezados por el presidente del Senado, el senador Harry Reid, han dejado pistas por todos lados que dejan entrever que sus motivos son puramente políticos.

La propuesta Dream Act ha sido anexada a una propuesta gigantesca de asuntos relacionados con la defensa nacional que no tiene nada que ver con la inmigración ilegal. Además, los demócratas también anexaron una propuesta para abolir la política de “no preguntar, no decir” relacionada con los homosexuales en las fuerzas armadas.

Coincidentemente estas propuestas están dirigidas a dos grupos que votaron en grandes números por el presidente Barack Obama en 2008, y que podrían quedarse en casa en las próximas elecciones de noviembre: los latinos y las personas que luchan por los derechos de los homosexuales.

Además, el senador Reid se encuentra peleando por su vida política en su estado de Nevada, donde 25 por ciento de la población es hispana. Su derrota sería quizá el trofeo más grande que pudieran llevarse los republicanos en noviembre.

No entiendo por qué los demócratas piensan que pueden utilizar el voto latino a su antojo para ayudarlos a ganar elecciones. La historia dice que cuando hacen eso todo lo contrario ocurre, y si no pregúntenle al ex gobernador de California, Gray Davis.

Después de haberse opuesto a una ley que daría licencias de manejar a indocumentados en California, el demócrata cambió de parecer durante los últimos días de una campaña por destituirlo y firmó dicha ley con la esperanza de recibir más votos latinos y salvarse el pellejo.

Davis fue finalmente destituido por el electorado, abriéndole las puertas al actual gobernador Arnold Schwarzenegger, que se dio el gusto de vetar la ley que finalmente nunca entró en vigor.

¿Será que el mismo destino le espera a los demócratas y a la propuesta Dream Act?

Espero que no.

Sin embargo, el panorama no se ve bien. Los republicanos han mostrado tener mucha disciplina como partido de oposición, e incluso el propio Obama pudiera vetar toda la ley si incluye financiamiento para la construcción de un nuevo motor para aviones militares, otra controversia aparte.

Pero quién quite y los demócratas sorprendan al aprobar la propuesta Dream Act. Sería lo mínimo que el gobierno pueda hacer después de prometer la reforma migratoria a los latinos y no hacer nada al respecto.

De aprobarse, alrededor de medio millón de residentes de California se verían beneficiados, así como cientos de miles de estudiantes en estados con altas concentraciones de latinos, como Texas y Florida.

Estos jóvenes, que no tienen la culpa de ser indocumentados, tendrían la oportunidad de rectificar su estatus migratorio si al terminar la preparatoria se inscriben en la universidad o en las fuerzas armadas para defender a su país adoptado.

Muchos de ellos ya tienen diplomas universitarios pero no pueden ejercer sus profesiones y trabajan en hoteles, restaurantes o en la jardinería.

González ya casi cumple con su parte y su futuro pudiera seguir uno de dos caminos: si legaliza su estatus migratorio a través del Dream Act podría trabajar como trabajador social y ayudar a personas necesitadas. Si no legaliza su estatus continuaría trabajando como jardinero, empleo que le ayuda a costear sus gastos universitarios.

La decisión está fuera de sus manos.

Ojalá los demócratas logren aprobar esta ley.

Si no, acabarán haciendo algo peor que los republicanos que se oponen: jugar, con fines políticos, con los sueños de jóvenes cuyo futuro depende de ellos.

¡Sheriff Joe Arpaio para presidente!

Por Hiram Soto

De todos los enemigos que tiene el sheriff Joe Arpaio de Arizona, y la lista es larga, quizá ninguno es más efectivo que su propia naturaleza narcisista.

“No quiero ser un ególatra, pero yo podría ser el gobernador (de Arizona) si me postulara”, dijo con poca modestia el provocativo sheriff del Condado de Maricopa, mientras anunciaba en mayo que no se postularía para la gubernatura del estado.

“Mi apoyo en las encuestas es muy alto. Tengo el dinero. Tengo las encuestas de mi lado. Tengo el apoyo”, añadió el sheriff más famoso del país al preferir mejor seguir trabajando de tiempo completo como hostigador oficial de la comunidad latina-indocumentada.

Fue la cuarta vez que retiró su candidatura después de haber generado especulación sobre sus aspiraciones políticas, un pasatiempo divertido para personajes rimbombantes que viven de la controversia y que saben cómo manejar los medios de comunicación.

Ahora, el “sheriff más duro del país” está llevando su egolatría a un nuevo nivel.

En los últimos meses Arpaio ha llevado su mensaje antiinmigrante más allá de las fronteras de Arizona, alineándose con candidatos republicanos o políticos de extrema derecha y generando especulación de que pudiera postularse como candidato a la presidencia en 2012.

Su gira de intolerancia lo ha llevado a estados como Nevada, Kentucky, Kansas y California, donde en una visita en San Diego en agosto atrajo a casi el mismo número de manifestantes en contra que personas que asistieron a escuchar su discurso.

La semana pasada visitó el estado de New Hampshire en donde hizo comentarios que generaron especulación sobre su posible candidatura presidencial. Pero mientras muchos afuera de Arizona toman con seriedad dicha candidatura, la gente que lo conoce sabe que es sólo un juego.

Durante las veces que supuestamente consideró ser candidato a gobernador de Arizona, el sheriff se conformó con alimentar su ego con la atención de las cámaras de televisión y con los donativos que le llovieron de parte de gente alborotada sobre la inmigración ilegal.

Quienes lo conocen no anticipan una candidatura de Arpaio en 2012.

Qué lástima.

A mí me gusta la idea del presidente Joe Arpaio.

Me lo imagino viviendo en la Casa Blanca rodeado de agentes de seguridad y con una legión de reporteros siguiéndolo en todo momento y analizando cada palabra que salga de su boca, como le gusta. No veo por qué tenga que dejar de portar su arma ya que nadie se atreverá a desarmar al presidente del país más poderoso del mundo, especialmente si su pistola está cargada.

Desde la cúspide del poder tendría todos los recursos para defenderse de las tres demandas del grupo pro derechos civiles American Civil Liberties Union que lo acusan a él y a otros sheriffs de Arizona por detener o arrestar a personas por su raza.

Incluso podría ordenar a su Departamento de Justicia que suspenda la demanda que lo acusa de no cooperar con una investigación federal sobre las redadas migratorias en vecindades latinas.

Desde Washington podría cimentar su legado favorito: hacer que los reos de todo el país se pongan calzones de color rosa como en las prisiones bajo su control en Arizona, donde también sirven comida podrida.

Pero este día seguramente nunca llegará.

Arpaio sabe que si se postula no pasará más allá de una precandidatura si decide hacerlo a través del Partido Republicano. Si lo hace de forma independiente recibiría un apoyo simbólico del electorado nacional. Y quizá más importante para él, perdería su oportunidad de postularse para su cuarto mandato como el sheriff más infame del país, una etiqueta que adora.

Finalmente, ¿quién es Arpaio sin el antenombre de sheriff?

La razón le dice que todo está en su contra, que es mejor quedarse donde está.

Sin embargo, aún tengo la esperanza de que su ego lo haga creer que el país quiere a un presidente como él: un sheriff con pantalones dispuesto a hacer cumplir la ley a toda costa. Un sheriff como aquellos de las películas del Viejo Oeste.

Ese ego podría inflarse más y más con cada discurso que ofrezca de aquí a noviembre y más allá.

Las cámaras lo adoran, las luces estarán sobre su persona. Tendrá una audiencia apasionada y atenta. El micrófono estará prendido. Saldrá en los periódicos, en los noticieros de la tarde, recibirá aplausos, desatará controversia y por momentos parecerá que todo el mundo está hablando sobre él.

Quizá en medio de los aplausos y una ovación intensa nos sorprenda, y sin poder controlarlo, se le escape del alma y lo anuncie: Joe Arpaio para presidente.

Vamos, sheriff.

La gente te aclama.

Latinos que apoyan ley de Arizona no son traidores

Por Hiram Soto

Son la minoría de la minoría. Pero no por eso sus opiniones hacen menos ruido.

Tienen apellidos como Hernández, Jiménez o García. Algunos tienen la piel morena, los ojos cafés y hasta tienen acento cuando hablan inglés.

Son los latinos que apoyan la trascendente y divisoria ley de Arizona que entró en vigor esta semana.

No hay muchos de ellos. Sólo dos de cada 10 latinos, según las encuestas.

Pero el otro día recibí un mensaje de una de estas personas.

«Ustedes son un grupo de losers (perdedores)», decía el mensaje, escrito en español, refiriéndose a los indocumentados.

«¿Por qué quieren seguir viviendo del Welfare, Social Security, Medical? Ustedes todo quieren gratis. Los lugares donde viven los latinos son muy notorios por la suciedad. Lárguense», decía este comentario cuya intención, más allá de ser expresado, era insultar y lastimar.

No puedo evitar preguntarme qué lleva a latinos a hablar de otros latinos de esta manera. ¿Acaso no les molesta que la ley permita a los policías exigir documentos migratorios a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente con base en su apellido, acento, color de piel, ojos o cualquier pista de que la persona sea de un determinado grupo étnico o racial?

¿Será que estos latinos son víctimas del entorno en donde crecieron en sus países de origen, en donde en sus hogares se cultivaba el desprecio hacia la gente morena o de clase trabajadora?

Me pregunto también si estas son las mismas personas que emigraron a Estados Unidos con gran facilidad al casarse con algún ciudadano estadounidense, o porque algún pariente les consiguió una visa. Porque para ese tipo de personas el sistema de inmigración actual funciona bien, y se sorprenden cuando otros no pueden hacer lo mismo que hicieron ellos para entrar al país.

Son pocos los latinos que públicamente han apoyado la ley SB1070, que desgraciadamente se ha convertido en el ejemplo a seguir en por lo menos cinco estados del país, y que ha colocado nuevamente el tema de la inmigración ilegal en la conciencia nacional. Quizás poco latinos apoyan esta ley porque algo en su conciencia les impide alinearse con políticos a quienes no les importa tener que violar los derechos civiles de estadounidenses latinos con tal de aplastar o expulsar a la comunidad indocumentada.

Hace unos días un grupo hispano hizo el inusual anuncio de declararse en favor de esta ley.

La Asociación de Republicanos Latinos de Arizona se convirtió en el primer grupo en el país en públicamente apoyar la ley SB1070. Su posición fue tal que incluso presentó un pedimento para intervenir en la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia en contra de la ley SB1070.

Lo hizo argumentando que el gobierno de Obama no ha hecho lo suficiente para detener el flujo de inmigrantes a través de la porosa frontera de Arizona, y que, por lo tanto, el estado tenía que tomar la justicia en sus propias manos.

El presidente de esta asociación, Jesse Hernández, dijo que ha recibido más y más llamadas de latinos conservadores que viven en el clóset y que apoyan esta ley, aunque aparentemente lo hacen desde la privacidad del cuarto más oscuro de su casa.

La mayoría de ellos son hijos de inmigrantes ilegales, como él, o personas que se hicieron ciudadanos estadounidenses utilizando el sistema vigente, explicó. Diferenció a estos latinos de otros hispanos por la manera en que emigraron al país y la forma en que ven su pertenencia a esta nación.

Los latinos que piensan como él son personas que «no podían creer la felicidad y el gusto que sintieron cuando se convirtieron en ciudadanos naturalizados», dijo al periódico Arizona Republic. «Tuvieron que trabajar duro por ello. Era una ambición. Era como obtener un diploma universitario».

¿Pero qué acaso los latinos inmigrantes en contra de esta ley no sienten la misma felicidad al jurar lealtad a los Estados Unidos, o no tienen la misma ambición, o no trabajan duro por ello, o no quieren rectificar su situación migratoria?

Es fácil caer en la trampa y decir que estos latinos son traidores de su cultura, su gente, y que han olvidado sus raíces. También es fácil decir que son racistas o prejuiciosos. Y puede que lo sean.

Pero quizás más que eso, son personas que repiten los mismos argumentos desacreditados de grupos como los Minutemen o políticos extremistas como los autores de esta ley.

A final de cuentas, no son traidores.

Son ignorantes.

Padres deben hablar con sus hijos sobre la deportación

A veces es difícil hablar con los niños, especialmente cuando son muy preguntones.

Quieren saber de dónde vienen los niños, por qué no pueden ver a Dios o por qué hay personas malas en el mundo. Son preguntas normales, particularmente para niños de cuatro años, como los gemelos de Anastasio Hernández, el inmigrante que murió a manos de la Patrulla Fronteriza el 31 de mayo durante un altercado mientras era deportado a México.

Seguramente esos pequeños ahora se estarán preguntando por qué a veces se mueren los papás prematuramente.

La muerte de Hernández se presta también para un par de preguntas dirigidas a padres de familia que por cualquier razón no tienen documentos para residir legalmente en los Estados Unidos: ¿Ya hablaron con sus hijos sobre la posibilidad de una deportación? ¿Tienen un plan en caso de ser deportados?

No soy psicólogo, y no tengo idea sobre cuál es la edad apropiada para hablar con los hijos sobre temas tan complicados, en especial si son pequeños. Pero es evidente que muchos niños están conscientes de la situación precaria de sus padres.

Quizá el caso más famoso se dio hace algunas semanas durante la visita del presidente mexicano Felipe Calderón a los Estados Unidos. La primera dama, Michelle Obama, se encontraba de visita en una primaria en Maryland cuando una niña de segundo grado le dijo que su mamá le había dicho que el presidente Barack Obama se estaba «llevando» a todas las personas que no tenían papeles.

Las cámaras capturaron el momento cuando la primera dama intentó explicarle a la niña que se tenía que arreglar la situación para que su mamá tuviera los papeles adecuados, para lo que la niña contestó: «Pero mi mamá no tiene ningún tipo de papeles.»

Lo que está claro es que, mínimo, los padres indocumentados deben tener un plan de qué hacer en caso de ser deportados.

Me viene a la mente un caso famoso en San Diego en 2007 cuando tres niños menores de 16 años se quedaron solos y a cargo de una casa de dos pisos luego de que sus padres fueron deportados a Tijuana.

Por varias semanas la mayor estuvo a cargo de pagar la hipoteca de la casa, vender los carros de los padres y los muebles y cuidar a sus hermanos pequeños mientras intentaban preparar todo para reunirse con sus padres en Tijuana.

Regresando al tema de Hernández, desconozco si la familia había platicado con sus hijos sobre la posibilidad de que él fuera deportado, o si tenía un plan de contingencia en caso de que algo pasara. Solicité hablar con la familia pero como es entendible, en estos momentos prefieren no hablar con los medios.

En muchos casos es normal que los padres deportados regresen al país ilegalmente para reunirse con sus hijos. Aparentemente es lo que estaba haciendo Hernández cuando tuvo un altercado con agentes de la Patrulla Fronteriza al momento de su deportación y recibió una descarga eléctrica. Después quedó en un estado de coma y murió de un paro cardiaco. Su muerte fue catalogada como homicidio por el médico forense, y la policía de San Diego está investigando el caso.

Pero los padres necesitan tener un plan que vaya más allá de esperar que ellos regresen ilegalmente al país, especialmente dadas las dificultades y los peligros de cruzar la frontera por las montañas y desiertos.

«Siempre hay que estar preparados», dijo Pedro Ríos, del Comité de Amigos Americanos, que a lo largo de los años ha visto de cerca cómo las deportaciones de padres han dejado vulnerables a los hijos que dejan atrás.

Ríos dijo que los padres indocumentados corren el riesgo de que cualquier contacto con las autoridades pueda resultar en su deportación, y sugirió tomar las siguientes precauciones:

• Tener designada a una persona que pueda hacerse cargo de los niños, por lo menos de manera temporal. Esto puede incluir su cuidado diario pero también una persona a cargo de transportarlos del hogar a la escuela.
• Tener un plan sobre qué hacer con las responsabilidades de la familia, como deudas inmediatas que pongan en riesgo los bienes de los deportados.
• Anticipar si el plan es que la familia se reúna finalmente en su país de origen o si van a permanecer separados permanentemente. Además, tener organizados documentos importantes como actas de nacimiento y papeles de la escuela.

«Igual como se prepara uno para un incendio, hay que prepararse para una deportación», dijo Ríos.

Es una pena que niños tan pequeños tengan que pasar por eventos traumáticos como la deportación de sus padres, o en el caso de Hernández, la muerte de su padre. Se supone que la reforma migratoria integral resolvería muchos de estos problemas, pero sigue estancada en el Congreso.

Mientras tanto, los padres indocumentados deben estar preparados con un plan. Quizá igual de crítico, deben tener listas las respuestas para esos niños preguntones, que sin duda van a querer saber por qué hombres uniformados se llevaron a papá.

La ley de Arizona debe hacernos reflexionar

Una de las razones principales por la que la controversial ley antiinmigrante de Arizona ha sido criticada por tantos es porque otorga poderes a la policía de interrogar y detener a personas que se sospecha están en el país ilegalmente.

Es fácil entender por qué muchos consideran que esta ley es discriminatoria y hasta racista, especialmente si tienes el pelo negro, los ojos cafés, la piel morena y un acento, atributos que para un policía pudieran significar que estás en el país ilegalmente.

¿Pero qué pasaría si los latinos estuvieran del otro lado? ¿Cómo reaccionaríamos si nosotros fuéramos los anglosajones de esta película, y se nos hiciera fácil otorgarle a la policía poderes extraordinarios para combatir algún otro tipo de delito?

El ataque terrorista fallido en Nueva York me dio la oportunidad perfecta para averiguarlo.

El individuo que intentó explotar un coche-bomba en Times Square, Faisal Shahzad, era un inmigrante legal originario de Pakistán que recientemente había obtenido la ciudadanía estadounidense. Al tipo lo arrestaron sentado cómodamente en un avión a punto de huir a su país de origen.

Durante una reunión familiar reciente pedí que levantaran la mano quienes pensaran que debería existir una ley que permitiera a las autoridades detener e interrogar a individuos árabes en los aeropuertos del país como una forma de combatir el terrorismo.

Unos días antes yo mismo me había sorprendido pensando que no sería mala idea, cegado por la rabia de que los extremistas musulmanes no desisten en su lucha por atacar a nuestro país. A fin de cuentas, yo he caminado las calles icónicas de Times Square, y tengo familia que vive en la Gran Manzana.

Quizá por eso no me sorprendí de ver muchas manos en el aire, levantadas por las mismas personas que momentos antes habían opinado con dureza en contra de la ley SB 1070. Después de analizar la propuesta antiterrorista con más detenimiento, todos finalmente cambiaron de opinión.

Fue entonces que comencé a entender por qué 64 por ciento de la población en general apoya esta ley, según una encuesta del Wall Street Journal y NBC News. El mismo sondeo revela que siete de cada 10 latinos se oponen a esta legislación.

¿Tú hubieras levantado la mano en respuesta a la hipotética pregunta sobre la ley antiterrorista si por un momento te hubieras olvidado de la ley de Arizona?

¿Cuántas veces te has sorprendido señalando peyorativamente a un afroamericano por el color de su piel, o añadiendo un expletivo antes de la palabra güero en referencia a un anglosajón? ¿O quizá has usado la palabra indio para insultar a alguien de ascendencia indígena?

Más que quizá otros grupos étnicos, nosotros tenemos la responsabilidad primera de respetar otras culturas precisamente porque sabemos lo que es el prejuicio y la discriminación. Y compartimos también la responsabilidad de defender los derechos de otros grupos que se encuentran en una situación similar a la nuestra, aunque en este caso se trate de la comunidad árabe.

El reverendo afroamericano y activista de derechos civiles, Al Sharpton, es una de varias figuras de otras razas que han estado marchando con los latinos en Arizona.

A pesar de que la mayoría del público estadounidense apoye esta ley, por lo menos según el sondeo anteriormente mencionado, es admirable observar el repudio público que han recibido los legisladores del estado de parte de gobiernos estatales y municipales.

Los concilios de varias ciudades grandes, incluyendo San Diego, Los Ángeles, Boston, San Francisco y más recientemente Seattle, han aprobado boicots de viajes y contratos con empresas de Arizona que han resultado en la pérdida de millones de dólares para ese estado. Incluso los equipos de primera división de América y Pachuca cancelaron su partido amistoso que tenían planeado para el 7 de julio.

Bravo.

Pero lo mejor que podemos hacer quienes estamos lejos de Arizona es aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia la raza y la etnia. Es una oportunidad para enseñar a nuestros hijos que todas las personas merecen respeto y que deben ser iguales ante los ojos de la ley y la sociedad en general.

Así formaremos mejores ciudadanos del mundo, y pondremos el ejemplo de que una sociedad multicultural como la nuestra verdaderamente puede vivir en armonía.

Por lo visto con lo que está pasando en Arizona, estamos todavía muy lejos de lograrlo.

Arizona law clouds Congressman Brian Bilbray’s judgment

MSNBC host Chris Matthews asked Congressman Brian Bilbray if he could offer a non ethnic aspect in which a police officer could stop someone who they suspect was in the country illegally. To which he answered: “They will look at the kind of dress you wear, there’s different types of attire, right down to the shoes, right down to the clothes.”

That left me scratching my head.

So I called him. My phone call wouldn’t be much of an inconvenience, I assumed. After all, as one of his constituents, he calls me and leaves me messages all the time letting me know about his work in Washington DC.

I almost feel like we’re friends.

I figure if he could teach me how to judge people by their clothes, maybe I would learn how to single out thieves and other ominous people. Maybe I could even tell whether a boyfriend is good fit for one of my daughters.

Bilbray was unavailable. He was probably working on a very important project, and I’m sure I’ll hear about it when he calls me with an update. But I did manage to speak with Fritz Chaleff, his communications director.

He defended his boss’ comments. He argued that the clothes people wear can reveal whether somebody is doing something illegal. He explained, for example, a gentleman wearing a suit and tie at the beach and wearing running shoes.

“Something is not right with that,” he said.

It’s funny he said that.

He obviously never met Nick Inzunza, the former mayor of National City, because that’s precisely what he wore. He wore a suit and a tie and running shoes.

Although he might be guilty of other things, such as bad taste and treating his tenants poorly, he is an American citizen. Poor Nick. I hope he doesn’t go dressed that way on his next trip to Arizona or he he’ll be sent to Mexico.

I also asked Chaleff if the congressman was at all concerned about a police officer stopping US citizens or legal permanent residents simply because of the color of their skin.

Nope. He doesn’t.

The truth is this law allows police officers to detain people not because of the clothes they’re wearing but solely on the basis of their appearance: dark hair, dark eyes and dark skin. The clothes argument is just a way to negate the obvious: this law legalizes racial profiling.

The law was signed last week by Arizona Gov. Jan Brewer, but it won’t take effect until late July or the beginning of August, if it survives the barrage of legal affronts. The good thing about this law is that it is bringing illegal immigration back to the national consciousness. Congress might actually move on immigration reform because of it.

I’ve covered immigration for many years, and I’ve learned that it’s hard to single out illegal immigrants. I can think of several instances in which I would go to a day labor site where you would assume day laborers were illegal immigrants.

But that wasn’t the case.

I often found myself speaking to legal residents or citizens. And yes, there were some who were in the country illegally.

So I learned that it was best not assume anything when it came to illegal immigration.

In case you didn’t know, Bilbray is one of those politicians with a penchant for blaming undocumented immigrants for many social ills.

The Republican congressman rarely passes up the opportunity to remind me and my neighbors of the 50th District in San Diego County that he is working hard to fight illegal immigration.

But he outdid himself when he said on national television that it’s possible to sniff out illegal immigrants just by looking at them.

If I ever get to talk to him when he calls my home, my advice to the congressman would be to stay away from generalizing people when it comes to illegal immigration. I would tell him that I would never say that all white Republican politicians are prejudiced against Latinos. Athough I would certainly agree that some of them are.

Ley de Arizona empaña el criterio del congresista Brian Bilbray

Muy seguido, Brian Bilbray, el congresista que me representa en la Cámara de Representantes, me deja un mensaje en mi contestadora de casa actualizándome sobre su trabajo en Washington, DC.

El republicano rara vez deja pasar la oportunidad de recordarme a mí y a mis vecinos del distrito 50, ubicado al norte del Condado de San Diego, que está trabajando duro para combatir la inmigración ilegal.

Bilbray, por si no lo conoces, tiene un talento muy peculiar para asociar a los indocumentados con casi cualquier mal de la sociedad.

Pero hace unos días me enteré de que Bilbray es más talentoso de lo que pensaba.

Parece ser que el congresista tiene la increíble habilidad de identificar a inmigrantes indocumentados, o ilegales, como prefiere decirles, por el tipo de ropa que traen puesta.

En otras palabras, Bilbray sólo necesita darte una barrida con la mirada para saber si eres un ciudadano estadounidense, un residente permanente o alguien que está en el país ilegalmente.

Él dio a conocer su impresionante talento durante una entrevista en televisión sobre la nueva ley en Arizona que autoriza a los agentes de la policía a cuestionar a cualquier persona que aparente ser indocumentado.

Un conductor de MSNBC le pidió a Bilbray que diera un motivo, que no fuera de carácter étnico, por el cual un policía pudiera detener a una persona que pudiera ser indocumentada, a lo que contestó: La policía “verá el tipo de ropa que traes puesto, hay diferentes estilos de ropa, hay zapatos específicos, ropa específica”, explicó el político de 59 años.

Su aserción me dejó rascándome la cabeza.

Yo tengo varios años escribiendo sobre la inmigración ilegal, y en más de una ocasión caí en la trampa de suponer que alguien no tiene documentos. Me pasaba cuando iba a un punto de reunión de jornaleros y al final de la entrevista indagaba sobre el estatus migratorio, aunque suponía que eran indocumentados. Para mi sorpresa, la mayoría de las veces eran residentes permanentes o ciudadanos, aunque otras veces sí, efectivamente, eran indocumentados.

En fin, aprendí que era difícil jugar a las adivinanzas con esto.

Pero quién sabe, quizá el congresista sabe algo que yo no sé.

Decidí hablarle a Bilbray. No pensé que mi llamada fuera a ser una inconveniencia. Finalmente él me habla seguido y su voz es tan amena que siento que hasta somos amigos.

Pensé que podría aprender algo de él. Si sólo me enseñara a juzgar a la gente por su ropa quizás pudiera yo también identificar a estafadores, ladrones y delincuentes. O incluso en el futuro, podría juzgar si un muchacho sería un buen novio para una de mis hijas.

Desafortunadamente, Bilbray no estaba disponible. Seguramente estaba ocupado en algún proyecto, pero después me hablará para actualizarme. Sin embargo, logré hablar con Fritz Chaleff, director de comunicación del congresista.

Chaleff defendió los comentarios. Dijo que la ropa puede delatar a personas que están haciendo algo ilegal, y puso como ejemplo a un caballero en la playa vestido de traje y con tenis para correr.

“Algo no está bien con eso”, dijo Chaleff.

Creo que nunca conocieron a Nick Inzunza, el ex alcalde de National City, porque así se vestía: con traje formal y tenis de correr. Pobre tipo. Espero que no se vaya vestido así en su próximo viaje a Arizona porque se lo llevan pa’ México lindo y querido.

Lo cierto es que esta ley permite a los policías detener a personas no por la ropa que traen puesta sino por su apariencia; por tener cabello oscuro, ojos oscuros y piel oscura. Eso de la ropa es sólo una manera de negar lo obvio: esta ley oficializa la detención con base en la raza y la etnia de la persona.

A pesar de que fue firmada la semana pasada por Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, esta ley no entra en vigor sino hasta finales de julio o principios de agosto, si es que sobrevive los afrontes legales. Mientras tanto, ha generado encabezados nacionales y promete darle una chispa a la reforma migratoria que sigue estancada en Washington, DC.

Le pregunté a Chaleff si al congresista le importaba en lo más mínimo que la policía detuviera a ciudadanos estadounidenses latinos o a residentes permanentes simplemente por su aspecto. Finalmente, el número de latinos legales en Arizona es mucho mayor que el número de indocumentados.

Luego de una respuesta al estilo Cantinflas, entendí que no. No le importa. Para él lo más importante es detener la inmigración ilegal aunque resulte en la deportación de alguien que simplemente haya olvidado su cartera en casa.

La generalización es el camino rápido a la ignorancia.

Yo mismo trato de evitarla.

Por eso nunca diría, por ejemplo, que todos los políticos republicanos de raza blanca son ignorantes, prejuiciosos y tienen el corazón lleno de odio.

Sólo me limitaría a decir:

Algunos.

Renowned architect lost more than home

Even though it was not his fault, Arturo Pacheco feels it is.

Just two years ago he owned a successful construction company in Tijuana that developed real estate projects along the Baja California coast. For more than 20 years he and his family lived comfortably in a Chula Vista suburb.

The recession in the U.S. changed that as investors disappeared amid the financial crisis. Despite many efforts, the Pachecos lost their home to foreclosure and were to vacate the property they owned for 18 years by the end of November.

Although he never worked here, Pacheco was part of our middle-class. He bought a house in 1991, purchased cars for his wife and teenage children, and like many of his neighbors, would often eat out.

Today everything stands in contrast.

“We are living day by day,” he said.

While Pacheco told me his story, I could not stop thinking about my family’s own experience when we moved to the United States.

We were refugees of the 1995 Mexican financial crisis. My father’s construction company had also gone belly up. But fortunately for us, my parents had purchased a home in Chula Vista, where we moved. We were legal residents, but had chosen not to live in the United States.

We didn’t know anybody here.

Like the Pachecos, our kitchen was also full of grocery bags bought by friends and family members who were helping us get by.

Like Pacheco’s wife, Linda, my mother got a job after more than 20 years of being a stay-at-home mom. Still, the checks coming in weren’t enough neither in both quantity nor frequency.

Times were hard, specially for my dad, a civil engineer who was used to developing big projects for the government, and more importantly, providing for his family.

In Tijuana he was the well-respected “Ingeniero Soto.”

In San Diego he was just another person out of work.

When he got to the United States he thought his professional life would be an extension of his trajectory in Mexico. But things didn’t work out that way. Like Pacheco, he spoke little English and he couldn’t practice as a civil engineer.

He felt useless, and although he never admitted it, he was depressed.

He worked filing data for a medical office. He held his head up high when he swept the sidewalks of a government-subsidized housing complex where he came across two former employees.

“Ingeniero, ¿es usted?”, (Engineer, is that you?), asked one of them after my father told a group of people to throw the trash in the can.

“What are you doing here?,” he asked.

“Working, like you,” my father answered.

Pacheco knows he needs to find a job doing anything. His family depends on it.

He applied unsuccessfully for a job at a warehouse carrying boxes. He thinks he didn’t get it because of his age and because he doesn’t have a muscular built. He applied to a gas station, but never got a call back.

While he looks for a job in a new place for him and his family, Pacheco enrolled in English classes and a construction inspection certificate program and a local community college, something my father also did.

My parents endured many sleepless nights and struggled for many years before finally things starting getting better.

Today my dad is a general contractor and he’s vying for a federal construction contract. My mom left her initial job as a office assistant and became one of the most successful real estate agents in her area.

It’s hard to tell someone like Pacheco that everything is going to be all right.

But if history is any indication, sooner or later it will.